¿Quieres conocer cómo afecta la «ley Montoro» a nuestro ayuntamiento? ¿Qué impacto tiene la regla de gasto en los presupuestos de San Lorenzo? En este artículo intentamos explicarte algunas de las claves y cómo se ha gestionado desde el ayuntamiento.
En este artículo queremos explicar las reglas que tienen que cumplir los ayuntamientos a la hora de preparar y ejecutar sus presupuestos. La conocida como “ley Montoro” engloba dos leyes: la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ambas hay que enmarcarlas dentro de las reformas necesarias para que España pudiese permanecer en el Euro, al mismo tiempo que acceder al préstamo de 30.000 millones de Euros para sanear la banca española, en concreto las Cajas de Ahorro gestionadas por políticos y con una mala supervisión por parte del Banco de España.
La desinformación y la propaganda tienden a demonizar los controles presupuestarios a los que se ven sometidos desde el gobierno central a los ayuntamientos o las administraciones públicas desde la Unión Europea.
Ni todo es tan malo como se dice, ni tan bueno como se anuncia. Estas restricciones han llegado debido al endeudamiento de administraciones, que han llegado a tener tanta deuda como dinero en sus presupuestos anuales, eran situaciones insostenibles a corto y medio plazo.
La principal medida que se adoptó fue que los ayuntamientos tienen que tener estabilidad presupuestaria. Es decir, no gastar más de lo que ingresan. Una herramienta clave para conseguir la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera a medio plazo es la regla de gasto.
La regla de gasto obliga a que el incremento anual en el gasto total del ayuntamiento no supere la tasa de crecimiento de la economía española, esta tasa viene dada por la Unión Europea y fue el 2,4% en 2018 aunque varía ligeramente todos los años.
Todos aquellos ayuntamientos que no cumplen con estas condiciones, están sometidos a un plan económico financiero tutelado directamente por el ministerio de hacienda. Aquellos ayuntamientos con incumplimiento reiterado de su plan económico financiero pueden llegar a ser intervenidos directamente por el ministerio de hacienda, lo cual significa que es el ministerio el que decide cuánto y en qué se gasta.
El mantener la regla de gasto implica que cualquier cambio de subida o bajada de ingresos (como por ejemplo los que vienen de los impuestos), tiene que ir acompañado de una subida o bajada de los gastos.
La aplicación de la regla de gasto, lleva a unas cuentas saneadas y a la necesidad de que los políticos reflejen en los impuestos su gestión, sin capacidad para endeudarse de forma insostenible o retrasar el pago a los proveedores.
Por otro lado, es verdad que la aplicación de estas leyes puede llevar a situaciones difíciles de entender, como tener superávit, pero no poder invertir ese dinero porque supondría incumplir la regla de gasto.
La regla de gasto se adapta a la situación económica del momento. En épocas de bonanza económica, cuando la recaudación de impuestos más ligados a la actividad económica (obras, plusvalías) es más alta, un ayuntamiento que aplique la regla de gasto y que tenga una deuda controlada acumulará superávits. Sin embargo en épocas de recesión o menos crecimiento económico, podrá aumentar el gasto a la velocidad que marque la economía (podrá endeudarse y no tener que recurrir a recortes o aumentar los impuestos para cuadrar las cuentas). No es muy distinto de una familia que en épocas de bonanza ahorra y no se gasta todo lo que ingresa, para que en momentos más difíciles pueda mantener su ritmo de gasto recurriendo a sus ahorros.
Y ahora la pregunta del algodón: ¿Han funcionado estas leyes? ¿Cuál ha sido la experiencia de nuestro ayuntamiento y como hemos gestionado nuestro presupuesto? Los ayuntamientos han pasado de tener un déficit del 0,8% del PIB en 2011 a un superávit del 0,6% del PIB y un deuda del 3,8% del PIB al 2,5%. Mirando solo los números grandes podemos decir que han funcionado; sin entrar a valorar lo justo o injusto de estas medidas para ayuntamientos sin deuda y que han mantenido a lo largo de los años un gasto controlado.
Nuestro ayuntamiento, que estaba sometido a un Plan Económico Financiero cuando entramos en el gobierno en el 2015, ya no está sujeto al mismo. Hemos cumplido la regla de gasto, hemos reducido la deuda en un 35% (de 9,3 millonesde € al cierre de 2014 a 6,2 millones). Ahora la deuda supone un 29% de los ingresos contra el 49% en 2014. Hemos cerrado el 2017 con el mayor superávit de nuestra historia (3,9 millones de €) y un remanente de tesorería nunca visto de 6,4 millones de €. Todo esto a pesar de haber bajado impuestos por valor de más de 500.000 € anuales lo cual significa que hemos tenido que recortar gastos en similar cuantía para cumplir la regla de gasto. Todo esto nos está permitiendo acometer un gran plan de inversiones con financiación propia.
